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RÉQUIEM PARA EL “PROCESO DE CAMBIO”


Por Vladimir Diaz Cuellar[1]
¿Crónica de una muerte anunciada?

De octubre a octubre y de motín a motín. Esa es tal vez la paradoja, superficial, del periodo cubierto por el último ciclo político. Un motín policial abrió el descalabro del Estado neoliberal en febrero de 2003 y un motín policial, conjuntamente el informe preliminar de la auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las recientes elecciones, le dieron la estocada final al partido que gobernó el país por casi 14 años. Asimismo, unas movilizaciones sociales abrieron y cerraron el telón. Las movilizaciones populares de octubre de 2003, con el sacrificio de casi una centena de vidas, le habían puesto fin al par de décadas del país que había sido gobernado por la élite minera (Gonzalo Sánchez de Lozada) y agroindustrial (representada por Hugo Bánzer) a plan de medidas económicas que enajenaron los bienes públicos y que hicieron pagar las cuentas a costa del nivel de vida de las mayorías nacionales. Éstas, al mismo tiempo, le habían abierto las puertas de par en par a la avalancha electoral con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó el 2005. Y son otras movilizaciones “por la defensa de la democracia”, entre octubre y noviembre, las que despiden a ese gobierno.

Nadie, ni siquiera los más recalcitrantes adversarios del MAS, se hubiesen imaginado el dramático y rápido colapso de este partido y su gobierno. Pese a la casi década y media transcurrida, todas las encuestas -realizadas durante alrededor de un año- le daban alrededor del 30% de la intención de voto, aún con muchos indecisos por decidirse. Sólo pocas semanas antes de la elección, en medio de los voraces incendios que consumían el bosque chiquitano, se vislumbraba la posibilidad de que Carlos de Mesa pueda forzar una segunda vuelta. De ahí en más, los hechos del alud se sucedieron muy rápidamente.

La noche del 20 de octubre, incomprensiblemente, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral paralizan el conteo rápido de votos con un acto que no tenía precedente, al menos en las últimas elecciones. Los resultados al 83,85% de los votos escrutados daban a Evo Morales el 44% y 39% a Carlos de Mesa forzando a una segunda vuelta, lo que fue celebrado como una verdadera victoria por la oposición. La Constitución de 2009, en efecto, establece que no habrá necesidad de una segunda vuelta si un candidato ganase con más del 50% de los votos, o con más del 40% siempre que haya una diferencia de 10 puntos respecto al segundo (artículo 166). Poco después, y pese a aquello, Morales sale dándose ganador en primera vuelta “confiado en el voto rural”. La sospecha hace presa del país. Por todas las ciudades y poblaciones menores, los ciudadanos se movilizan para resguardar los votos y las actas electorales. La sospecha se transforma rápidamente en furia cuando 22 horas después de la suspensión, el TSE restablece el cómputo rápido dando esta vez, al 95,63%, por ganador al MAS (46,85%) con un margen apenas mayor al 10% de diferencia sobre Comunidad Ciudadana (CC, 36,74%), lo que hacía innecesaria la segunda vuelta. Para colmo, los miembros del TSE no atinaban a justificar más que vagamente la suspensión del sistema (hablan primero de evitar dar dos resultados y luego de un ataque informático). En Potosí y Sucre, la gente quema las instalaciones de los Tribunales Electorales Departamentales, mientras que en Oruro queman las oficinas del MAS. Hay protestas en todo el país y, en algunos casos, enfrentamientos con la policía.

El 22 de octubre ya se tienen las primeras renuncias en el órgano electoral. El 23, mientras la misión de observadores de la OEA sugiere ir a una segunda vuelta, Morales denuncia un intento de golpe de Estado y llama a la “defensa de la democracia” que son respondidas casi de inmediato con grandes concentraciones en apoyo al MAS en La Paz y luego en Cochabamba. Poco después, él llamará además al “cerco a las ciudades”. Los paros cívicos ya son contundentes en varias ciudades del país. En poco, la movilización cívica se hace literalmente nacional, como nunca en la historia del país, y lo envuelve de este a oeste y de norte a sur. Sus epicentros son, a no dudar, las ciudades capitales. En este momento, las líneas de clase y de color de piel que marcan ambas movilizaciones son más marcadas: de un lado, las protestas en “defensa de la democracia” son en lo fundamental de clases medias, en tanto que en “la defensa del voto rural” son los campesinos y trabajadores los que se despliegan; los más blancos contra los más morenos. Sin embargo, las protestas cívicas de Santa Cruz y Potosí tienen un carácter más amplio, más popular, que los equivalentes de La Paz y Cochabamba. Entre el 23 y 25 se dan los primeros enfrentamientos entre manifestantes y simpatizantes del MAS, primero en el Plan 3000 en Santa Cruz y luego en Satélite norte y El Torno (ambos en Santa Cruz), Cochabamba y Yapacaní. El 25, el TSE concluye el conteo oficial y da por ganador al MAS con el 47.07% (CC, 36,51%), ratificando que una segunda vuelta no era necesaria. Los vocales no dan mayores explicaciones y no dan la cara a la prensa por una semana, tras la cual uno de ellos afirmará que los resultados son “sagrados”. La semana que se inicia el 28 está plagada de enfrentamientos civiles en varias ciudades y poblaciones menores; los heridos se cuentan ya en decenas. Mientras se inicia el cerco campesino, la oposición y el oficialismo se miden en sendos cabildos y concentraciones en las ciudades.

El 30, en Portachuelo y Montero, se registran enfrentamientos con heridos de bala y dos muertos entre las filas de los opositores. Los autores, según las investigaciones policiales, podrían estar vinculados a funcionarios de la alcaldía y a la diputada electa de zona, ambos del MAS. Las denuncias de los ciudadanos, que habían estallado sin ningún orden, muchas de ellas falsas, cobraron, entre tanto, cierta sistematicidad. Un ingeniero y su equipo explica los posibles mecanismos del fraude; la empresa proveedora del software electoral siembra más dudas. El 31, la OEA comienza finalmente la auditoria solicitada por el propio gobierno y que al poco es rechazada por la oposición desconfiada del actuar de su secretario general, Luis Almagro, anteriormente favorable a Morales. Los dirigentes campesinos deciden suspender el cerco a las ciudades; Morales ya no tiene la actitud desafiante de los primeros días y pide un “cuarto intermedio”. En contraposición, grandes cabildos en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y La Paz radicalizan sus posiciones y piden ya la renuncia de Morales o la anulación de las elecciones. Las protestas contra el gobierno ya tienen un tinte más popular, en relación a su comienzo, con la participación de vecinos auto-organizados, más allá de los barrios de las clases medias, y de algunos sectores, particularmente en Potosí y en menor grado en Santa Cruz. Sin embargo, continúan los ataques a las oficinas de campesinos en las ciudades, así como a las oficinas del MAS. El racismo marca gran parte de la movilización. El 5 de noviembre se realiza la última gran concentración de organizaciones sociales en apoyo al gobierno en La Paz, con participación de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros de Huanuni y Colquiri, campesinos, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y trabajadores petroleros: los ch’ulos y cascos mineros dominan la escena. Se producen más choques con la clase media. Y el 6, cerca de Vinto, se producen brutales enfrentamientos entre campesinos y vecinos producto de los cuales un joven pierde la vida. La gente enfurecida toma y quema el edificio de la alcaldía para después humillar a la alcaldesa del MAS a quien apuntan como la provocadora. En La Paz, estudiantes se enfrentan con los mineros asalariados que utilizan dinamita.

Finalmente, el 7 de noviembre, se produce la última concentración en El Alto convocada por la junta de vecinos, la COB y gremiales, en apariencia a favor del gobierno, en la que se pide pacificación, se rechaza los recientes sucesos de racismo y se pide que se investiguen las causas de las muertes. Morales no participa en ella y sólo la “saluda” desde Twitter. El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, resaltando lo que ya se hacía evidente, decía: “queremos ver la participación masiva de El Alto, ese ‘león que está dormido.’ Que despierte de una vez, ¡carajo!”. También se realizan concentraciones en apoyo al gobierno en Cochabamba y San Julián (Santa Cruz). En La Paz, en tanto, los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, que pocos días antes habían comenzado a coordinar acciones, participan en un cabildo organizado por los cocaleros de los Yungas, misma a la que asisten, además de los usuales estudiantes, trabajadores mineros y esposas de policías. Por la noche, el gerente de la empresa panameña Ethical Hacking, que realizó la auditoría informática al proceso electoral, afirma en una entrevista que éste está “viciado de nulidad” debido a múltiples irregularidades. A estas alturas, cuando el balance de fuerzas estaba ya volcado en favor de los diversos sectores sociales comandados por la alianza cívica, el 8, un motín policial toma forma en Cochabamba y se expande como dominó a otras ciudades. Por la noche, Morales sólo atina a mandar más mensajes de Twitter. Al día siguiente y antes de medio día, con el motín policial en La Paz, éste ya era general y nacional. En varias ciudades, los policías marchan conjuntamente la gente que ha mantenido el paro y las manifestaciones por más de dos semanas. El comandante de las Fuerzas Armadas anuncia que no reprimirá al pueblo. Las cartas estaban echadas. Morales, desde la base aérea de El Alto, vuelve a pedir la movilización social, pero a este punto sólo los cocaleros de trópico se encontraban marchando organizadamente, pero en el Chapare y sin destino conocido. El tiro de gracia lo dio, en la madrugada del 10 de noviembre, el informe preliminar de la comisión de la OEA que realizaba la auditoría al proceso electoral y que, aunque debía ser entregado un par de días después ante el convulsivo ambiente social, concluye que existieron múltiples irregularidades y sugiere nuevas elecciones.

Esa misma mañana del 10, Morales, en un escueto comunicado y acompañado por unos pocos dirigentes, anuncia la convocatoria a nuevas elecciones. Por si tal correlación de fuerzas no era ya decisoria, el día y la noche anteriores, una caravana de alrededor 150 buses procedentes de Sucre y Potosí, despedida con un baño de solidaridad popular, ya se dirigía a La Paz transportando probablemente a 8 mil cívicos, estudiantes, cooperativistas mineros (del Cerro Rico y Porco), mineros asalariados (de Porco, San Lorenzo, San Cristóbal y otras varias minas) y otros, como parte de la coordinación del movimiento cívico nacional. El 9, el primer grupo de ésta es interceptado y atacado por campesinos, aparentemente instigados por un alcalde del MAS, en Vila Vila, resultando en varios heridos. El 10, un segundo contingente es atacado con armas de fuego cerca a Challapata resultando en heridos. Entre estos dos días, una gran muchedumbre enfurecida en Potosí, al conocer las noticias de los ataques a los buses, se moviliza, presiona a sus autoridades regionales, todos del MAS, para que renuncien, quema luego las casas de uno de éstos y de un ministro. En Oruro, también queman la casa del gobernador del MAS, acusándolo de ser responsable del mismo ataque, así como la casa de la hermana de Morales.

Con todo esto, se vino la ola de renuncias de ministros, gobernadores, alcaldes y asambleístas, comenzando por las autoridades potosinas. El MAS, tanto como aparato en el Estado así como partido, colapsó en pocas horas. Las Fuerzas Armadas y la COB piden, casi simultáneamente, la renuncia de Morales. En medio de una Plaza Murillo sólo resguardada por los estudiantes movilizados, sin policías o militares y sin los mineros de las empresas estatales que días antes se encontraban ahí, los líderes del movimiento cívico entran a Palacio Quemado, tienden la bandera tricolor en el piso, se arrodillan y junto con una Biblia dejan la carta de renuncia que habían redactado para que la firme Morales. Éste, para entonces, se encontraba con rumbo a Chimoré (Chapare) desde donde, junto con su vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra Gabriela Montaño, renunciará a la presidencia. Ninguno de ellos reconoce el fraude. Ni una palabra sobre los muertos y heridos. De hecho, Morales se enfoca compulsivamente en los ataques a las casas de la gente de su entorno. Según ellos, “el golpe se ha consumado”. Tras esto, los festejos se desatan en varias ciudades. Pero al poco cayó la noche y la anomia social prevaleció. Vándalos y grupos de choque del MAS, por separado y tal vez en algún caso juntos, quemaron los buses del transporte público de la alcaldía opositora de La Paz, las casas de algunas figuras de la oposición y saquearon algunos negocios. Al festejo de las clases medias le siguió su histeria colectiva.

¿Golpe de Estado o fraude?

¿Hubo un golpe de Estado? Eso es al menos lo que el gobierno del MAS aseguró desde el inicio del conflicto. Sin embargo, en su mayor parte, las aseveraciones para fundamentar esto fueron genéricas. Incluso en los momentos más críticos, cuando información detallada podría volcar las simpatías de los manifestantes de uno u otro lado, Morales nunca se dio a la tarea de explicar cómo el supuesto golpe estaba funcionando. ¿Por qué no utilizar las oportunidades que tuvo para convencer a la población del golpe en vez de utilizarlas para burlarse de los movilizados? El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien participase en la Escuela de las Américas, sólo se dedicó a hablar del temible plan de convertir a Bolivia en un nuevo Vietnam. Fue el ministro de Gobierno quien le dedicase algunos minutos al detalle del asunto. Él afirmó que éste “tiene tres dispositivos fundamentales. El primero es la conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluida la libertad de expresión y la libertad de prensa. Segundo, la activación de un sentimiento racista para generar confrontación a nivel de la población civil de Bolivia y tercero, la confrontación violenta contra las instituciones del Estado, particularmente la Policía”, lo que no deja de ser bastante general. Esto, además, lo dijo, el 4 de noviembre, cuando el “golpe” ya tenía dos semanas de estar en curso. Cuando entró en detalles mencionó que los opositores habrían adquirido “armas y municiones en Estados Unidos” para tal efecto. Un blog, en inglés, parece haber sido la fuente de las aserciones. Aparte de esto, las diversas aseveraciones del gobierno sobre el mentado golpe sirvieron solamente para que la gente haga graciosos memes con ellos.

No hubo, además, la más esperada de las campañas de acusación o incluso de difamación en estas circunstancias, la dirigida contra el líder de los “golpistas”, Luis Fernando Camacho. Era evidente que Camacho estaba fuera del radar del gobierno. Al parecer, incluso gente entre los movilizados sabía más sobre aquél que el ministro de Gobierno.

¿Cómo hubiese sido posible para los golpistas lograr crear el clima inmediato que generó la ira colectiva entre el 20 y 21 de octubre? ¿Cómo hubiesen hecho que el TSE suspendiese el cómputo de votos? ¿Cómo hubiesen hecho para que Morales se declare sospechosamente ganador casi al mismo tiempo? Para tal efecto, sería necesario al menos que la oposición haya controlado a ambas o una de las empresas involucradas en el proceso, ya sea la proveedora del software o la auditora informática, y que ellos, naturalmente, se arriesguen a esta aventura. Pero aún en ese caso, ¿cómo hacer que el TSE, y el gobierno el general, no se percaten en los meses de preparación de las elecciones sobre tal riesgo? Sólo errores y una miopía inconcebibles explicarían tal situación. Aunque no es posible descartar esto totalmente, parece ser no más que una remota posibilidad.

¿Hubo fraude? Acá los indicios son varios. En julio de 2015, se renueva completamente la composición del TSE con la designación de 6 nuevos vocales por la Asamblea controlada por el MAS y uno por el presidente Morales. Tras las renuncias, debido a presiones, de los llamados vocales “institucionalistas”, el oficialismo se encargó de reemplazarlos en 2018, según dijo la prensa, con personas vinculadas en el pasado al MAS (quedando Antonio Costas como el único vocal “institucionalista”). El vocal que dijera que los resultados son “sagrados” fue incluso fotografiado pintando paredes a favor de MAS durante las elecciones previas. A esto siguieron en el último año una serie de despidos y cambios de funcionarios, mencionada por el entonces vocal Costas. Paralelamente, la interpretación de la Constitución, el 28 de noviembre de 2017, por el Tribunal Constitucional dispone, con malabarismos legales propios de rábulas, que Morales y García Linera tienen el “derecho humano” a la repostulación, desconociendo así el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que, con telenovela creada o real, la población decidió no permitir la modificación constitucional que los habilitaría. La culminación de este proceso fue la final habilitación de ambos candidatos para las venideras elecciones nacionales, el 4 de diciembre de 2018, por este TSE controlado por el Ejecutivo. Adicionalmente a esto hay que notar: las observaciones al supuesto incremento inusual del padrón electoral; los notarios de Pando encontrados flagrantemente inscribiendo a ciudadanos en Riberalta; la autorización a una sola compañía para transmitir los resultados en boca de urna; las renuncias de vocales y funcionarios de los tribunales electorales departamentales los días inmediatamente posteriores a la elección; y, finalmente, el silencio del TSE durante las pasadas semanas cuando era más que imperante tener la voz técnica de la institución que despeje cualquier duda sobre el proceso electoral. Así, si se consideran la serie de encuestas, durante alrededor de año, que daban una posible victoria al MAS pero sin superar el 50% de los votos o sin alcanzar la diferencia de 10% sobre el segundo, hicieron pensar a muchos en el país que el gobierno planificó, de ser necesario, un fraude. Ambos informes de la OEA han venido a confirmar lo que los ciudadanos movilizados presumieron desde la noche misma de la elección.

El MAS, en tanto estructura partidaria, fue incapaz de generar dirigentes que pudiesen tomar la posta al binomio Morales-García Linera, o tal vez no se quiso hacerlo. Cuando Santos Ramírez fuera condenado a cárcel debido a los escándalos por corrupción en la empresa petrolera estatal, se cerró la vía del que parecía es sucesor natural de Morales. De la misma manera, cuando el excanciller David Choquehuanca fue apartado como delegado ante el ALBA en 2017 parecía que se creaba una situación para hacer de Morales el único presidenciable. Con ello, el MAS se puso a sí mismo en un callejón sin salida creado por la propia Constitución que ellos mismos aprobaron en 2009, que prohibía la reelección del presidente y vicepresidente por más de una vez continua (artículo 168). Morales y García Linera se consideraron insustituibles y forzaron la vía para un posible cuarto mandato consecutivo. De hecho, García Linera lo había dicho: sin Morales "el sol se esconderá y la luna se escapará". Llegada la elección, ellos sabían que no podrían ganar en primera vuelta y que de ir a segunda vuelta perderían con Carlos de Mesa. Esa noche apostaron al suicidio.

Champa guerra

Las crisis nos muestran, decía René Zavaleta, a la sociedad en su desnudez. El gobierno del MAS fue siempre el gobierno de los sectores populares del país. Fue, en verdad, una macro articulación de diversas organizaciones de campesinos, trabajadores asalariados, trabajadores cooperativistas, comerciantes, cuentapropistas y transportistas. En un inicio, también de una parte de la clase media, y de ahí de forma progresivamente decreciente. Esto a contracorriente de lo que ocurría con el empresariado que, de opositores radicales en los primeros años, pasaron muchos de ellos, a conversos del gobierno de la “estabilidad económica” a partir del pacto del 4 de febrero de 2011. Si bien en el inicio de la crisis desatada el 20 de octubre, la gran mayoría de las organizaciones de campesinos y trabajadores se alinearon detrás del MAS, los acontecimientos desatados y la información relacionada al fraude electoral cambiaron la correlación de fuerzas en su contra. El estupor inicial, que causó a los sectores populares la posibilidad de un fraude cometido por el partido que los representa, duró un par de días. A la defensa convocada por Morales, rechazado la acusación de fraude, en efecto respondieron con su movilización los campesinos en el eje troncal, incluyendo a los cocaleros del trópico, pero también de algunos ayllus de norte Potosí, además de los trabajadores mineros estatales de Huanuni y Colquiri, los cooperativistas auríferos y las juntas de vecinos. Entremezclado con el sincero apoyo al “proceso de cambio” estaba también la mediación prebendal, instalada hace varios años. El aparato quasi-estatal del partido, mediante sus muchos alcaldes y otras autoridades también funcionó para movilizar a la gente, sin mencionar que los funcionarios públicos fueron utilizados sistemáticamente para inflar de gente las concentraciones masistas. Y tal vez todo esto le pasó factura al MAS cuando se sumó a ello el conocimiento de las revelaciones sobre el fraude. Uno a uno estos sectores fueron dejando de responder al llamado hasta que prácticamente nadie lo hizo. Cuando los policías de La Paz se amotinaron, los mineros de Huanuni y Colquiri, que por días habían hecho vigilia en la Plaza Murillo, habían desaparecido de vista.

El campesinado fue siempre el sustento fundamental del gobierno del MAS, su sustrato social más íntimo. La reconducción de la Reforma Agraria fue un masivo proceso de transferencia de tierras a manos campesinas que no tiene paragón sino únicamente con el proceso al que el campesinado había forzado al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1953. Pero la propiedad de la tierra no garantiza su posesión permanente y, de hecho, en el mercado nada impide que ésta se concentre, más al contrario. Esto más aún si la gran propiedad no es afectada. Ya por aquel entonces, el censo agropecuario de 2012 mostraba que las unidades agropecuarias con una superficie mayor a 500 hectáreas utilizaban el 66% (22.818.064 hectáreas) del total de la superficie empleada para la producción agrícola, ganadera o forestal; si bajásemos un poco más la marca, digamos a 100 hectáreas, que es aún así una superficie bastante grande para ser trabajada por una familia campesina, tendríamos que representan el 79% (27.471.259 hectáreas). Los campesinos, sin duda, se beneficiaron de la distribución de tierras que, considerando las décadas de minifundio, pobreza extrema y migración, explican su profunda gratitud para con el gobierno. Pero esta distribución no afectó el también dilatado proceso de conversión de la agricultura y ganadería del país en industriales, que producen esencialmente soya, maíz, girasol, sorgo y carne bovina y avícola.

Los trabajadores manuales, otra de las mayorías nacionales, si bien apoyaron en su mayor parte al gobierno del MAS durante estos años, tuvieron una relación más conflictiva y oscilante que los campesinos: alrededor de la ley de pensiones el 2008 y 2013, del gasolinazo de 2010, o de los incrementos salariales en un par de años, aparte de varios conflictos sectoriales. En algún punto (2013), los obreros trataron de formar su propio partido y conquistar su autonomía política respecto al MAS. Pese a esto, cuando vino la crisis electoral, los trabajadores mineros de las empresas del Estado respondieron al llamado de Morales y le defendieron con dinamita en mano hasta que finalmente lo dejaron de hacer. Los cooperativistas mineros auríferos, que se habían beneficiado de importantes áreas de trabajo en el norte del departamento de La Paz y la Amazonía -incluso dentro de áreas protegidas- durante estos años, también acudieron a la convocatoria y también se retiraron a sus regiones cuando avanzó el conflicto. Aparte de estos actores plenamente visibles, la participación de los trabajadores estuvo diluida en tanto estuvo mediada por otros tipos de organizaciones, sean estas barriales o cívicas. Si bien el tamaño relativo de los sectores trabajadores, según el Censo de 2012, ha crecido a expensas del campesinado, esto no ha sido reflejado en formas políticas.

En la vereda del frente, sin embargo, los sectores populares que se alinearon con la oposición y el movimiento cívico, a medida que la crisis avanzaba, lo hicieron en algunos casos directamente, en otros por la confluencia de las fuerzas en flujo. No es de extrañar que los cocaleros de los Yungas se hayan puesto en la vereda del frente si se recuerda su confrontación con el gobierno ante la ampliación de las zonas de cultivo de coca en la zona no tradicional -el Chapare- por la cual sus dirigentes fueron encarcelados. No es sorpresa tampoco que los cooperativistas mineros de Potosí lo hayan hecho, ya que perdieron muchas vidas en diferentes batallas con el gobierno por las cuales aún no hay responsables en la cárcel, en tanto ahí sí se encuentran encerrados algunos de sus dirigentes. Los trabajadores mineros de Chojlla pese a vivir a pocas horas de La Paz no fueron atendidos en sus reclamos sobre violaciones de derechos humanos en la mina. No es sorpresa que, por tanto, los sectores azotados por el brazo represivo o la indiferencia del gobierno se hayan enlistado organizadamente en las corrientes políticas que lo asediaban.

La debacle masista, lastimosamente, no será sin consecuencias para la capacidad de movilización de las organizaciones populares. No sólo el aparato estatal y partidario del MAS colapsó en este proceso, es muy posible que la estructura prebendal sindical también lo haga y muy rápidamente. Como la madera podrida por dentro, ésta también se desmoronando con el impacto de la crisis. Esto no sólo ha comenzado a ser visible en El Alto que por ahora tal vez se parece más a una hidra de muchas cabezas que trata de reorganizarse rápidamente desconociendo, en algunos casos, a dirigentes masistas y opositores. Lo es también en el fracaso sistemático de las dirigencias de la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otras, en tratar de movilizar a sus bases. El estupor produjo a su vez desorganización. Sólo una vez que se arranque la maleza podrán crecer los cultivos.

Las clases medias, por su parte, fueron la columna vertebral de la movilización cívica y opositora durante una buena parte de la crisis -hasta que barrios y regiones más populares entraron en el ruedo. Los jóvenes universitarios y los jailones de las ciudades del eje tuvieron su bautismo político en este tiempo. Muchos los subestimamos, pero nadie más que el gobierno. Morales se burló de su capacidad de organización diciendo que no aguantarán y que sólo estaban ahí por “platita y notitas”. Ellos crearon el grito de guerra que marcó el tono de toda la movilización: “¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Evo de nuevo? ¡Huevo, carajo!”.

Muchos de ellos son también hijos de trabajadores y campesinos, estudiantes en las universidades públicas y privadas, que engrosaron las filas de los protestantes. El MAS agrandó el tamaño absoluto de la clase media en estos años. La población en ocupaciones de trabajo no manual, según el Censo de 2012, prácticamente se duplicó desde 2001 (aunque su peso relativo se incrementó muy ligeramente, a casi el 20% en 2012). Por un lado, si estos nos sirven de indicadores complementarios, la urbanización del país continuó a pasos acelerados: casi el 70% de la población vive ahora en centros urbanos (en comparación con 62% el 2001, de tan sólo 26% en 1950). Junto con ello, el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida (producto combinado de las políticas de incremento salarial y los bonos junto con el incremento de las importaciones de bienes manufacturados baratos del Asia), han ensanchado las clases medias. Según el Ministerio de Economía, el 58% de la población tenía ingresos medios en 2017 (en comparación con el 35% en 2005). De alguna forma, no es incorrecto decir, que el MAS incubó la clase social que inició la movilización que provocó su caída: fue presa de las fuerzas que desató o que aceleró.

No hubo ninguna crisis económica, ni siquiera una recesión, que haya incitado la insatisfacción de las clases medias movilizadas. La pérdida del apoyo de las sectores medios fue lenta pero constante durante todos estos años, no sólo por el manejo torpe de la burocracia estatal, pero fundamentalmente debido a la profunda incapacidad del gobierno de reconocer sus errores: de reprimir con brutalidad a los discapacitados el 2012 y 2016; de reprimir torpemente a la marcha de las organizaciones indígenas opositoras el 2011; de desconocer un referéndum y de forzar la habilitación de sus candidatos violando las normas que ellos mismos aprobaron; de hacer campaña electoral y no reconocer siquiera la existencia de los grandes incendios forestales de la Chiquitanía que se venían sucediendo por un tiempo ya. La ira de las clases medias fue moral. Y en democracias, no hay hegemonía posible sin el consenso de ellas.

Detrás de ellas, y sus buenas intenciones, sacaron la cabeza los sectores fascistas que habían estado callados por varios años. En Santa Cruz, durante la primera semana, salieron con ganas de patear collas -y muchos lo hicieron. Amalgamando a varios de estos sectores medios vino el resurgimiento del sentimiento religioso en la política, las oraciones en cabildos, las oraciones de vecinos movilizados o de policías arrodillados y la Biblia en el palacio presidencial.

Los movimientos cívicos son la expresión multifacética de estas clases y de otras que se articulan con ellas. En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fuera líder de las juventudes cruceñistas, es a la vez el representante de una fracción del empresariado, comenzando con su propia familia, dueña del Grupo Nacional Vida. La crisis nunca fue una en la cual los empresarios en bloque se aliasen con las clases medias contra el gobierno y las clases populares. Es mucho más certero decir que una fracción de los empresarios estuvo movilizada mientras que otros estuvieron expectantes, algunos de los cuales cambiaron de bando cuando las perspectivas de victoria brillaban con más claridad del lado cívico. El 30 de octubre, el apoyo económico -al menos el que se hizo público- de las asociaciones empresariales (la Cámara Agropecuaria del Oriente -CAO- y Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz -CAINCO-, además de la fundación de Percy Fernández) comienzan a financiar las ollas comunes de los movilizados: 220 mil raciones fueron servidas en Santa Cruz hasta el 10 de noviembre. Aún cerca del 8 de noviembre, el padre de Camacho recrimina en una carta a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) y a CAINCO expresando su “decepción porque las instituciones que hoy dirigen ustedes no defienden los intereses legítimos de las empresas del Grupo Nacional Vida”, que estaría bajo la lupa de las autoridades. No es posible imaginar que los ganaderos, que proveyeron de altos dirigentes masistas en particular en el Beni (empezando con el gobernador Alex Ferrier) y que se acababan de beneficiar de un decreto supremo que autorizaba el desmonte y las quemas controladas, se hayan congratulado con las movilizaciones contra el gobierno. El líder de su confederación, Oscar Ciro Pereyra, festejó junto con Morales el inició de la exportación de carne a la China, en medio de los voraces incendios en la Chiquitanía. La banca, que se dio un festín de ganancias durante el proceso de cambio (de $US 44 millones en 2005 a 317 millones el 2017 -antes de impuestos-, según el Ministerio de Economía), parece haber visto la convulsión desde el palco, así como lo hicieron otros gremios. ¿Por qué las trasnacionales mineras se aventurarían a apoyar a una movilización contra el gobierno que les permitió ganar -según mis propios cálculos- US$ 1.100 millones en los pasados años? Los empresarios, dijo el ministro Romero, “están respaldando la candidatura del presidente Evo Morales, que lo digan abiertamente o no es otra cosa, pero lo están haciendo” ya que “no son miopes, saben a dónde apuntar y saben que Evo les garantiza seguir creciendo”. Otro gobierno evidentemente generaría un ambiente más favorable al empresariado en su conjunto, sin embargo, esto no es razón suficiente para que ellos se embarquen en aventuras políticas cuando los negocios van muy bien. La CAINCO sólo se sumó a los pedidos de renuncia de Morales el 10 de noviembre.

Los inesperados aliados de los empresarios liderando la movilización fueron el joven que fuera “heladero, escamador de pescado, peón de cooperativistas” e hijo de trabajador minero, Marco Antonio Pumari, y el maestro trotskista, Rodrigo Echalar, lideres cívicos de Potosí y Chuquisaca. Estos comités cívicos articularon en las protestas a estudiantes, cooperativistas mineros, trabajadores asalariados mineros y otros. Potosí, epicentro de sendos y largos paros contra el gobierno (por autonomía, mayor inversión estatal y la industrialización de los recursos de la región con beneficios para la misma, en particular en el caso del litio), es sin dudas la ciudad más ignorada por el gobierno en estos años. De hecho, la ciudad ya se encontraba movilizada en su totalidad una semana antes de las elecciones generales. La convergencia es sin duda circunstancial pero catalizada por su oposición al gobierno.

La policía nunca fue la favorita de Morales. Reemplazada de la guardia presidencial por las Fuerzas Armadas cuando éste asumió la presidencia, la policía no goza de los beneficios que fueron concedidos a éstas. No acceden, por ejemplo, a jubilación con el 100% del salario. Morales trató a los policías acorde a sus sentimientos generados en su época de dirigente sindical: hizo a un policía atarle sus zapatos en público hace unos años. Durante la reciente confrontación social, la policía se encargó de distribuir pollos a los trabajadores mineros movilizados en La Paz. Sus esposas se habían movilizado desde temprano en el conflicto y son con seguridad instigadoras del motín de sus esposos. El gobierno se dio cuenta del riesgo muy tarde. El 1 de noviembre hizo un pago extraordinario de Bs$ 3.000 a todos los efectivos. Los policías le llamaron “bono lealtad” pero no hizo el efecto esperado -tal vez incluso el contrario.

Las comparaciones son siempre odiosas, pero, tal vez porque no pudo o porque realmente no lo haría, Morales no mandó a las Fuerzas Armadas a reprimir a la población y de hecho la policía no fue brutal con las clases medias movilizadas. Los eventos en Chile dan una imagen clara de las diferencias en el uso de la fuerza ante la protesta.

Sin embargo, aparte de todos estos sectores movilizados hubieron otros muy importantes espectadores, o que pasaron a ser eso. Si excluimos la movilización del 28 de octubre, el grueso de la ciudad de El Alto sólo observó los sucesos de los eventos. Aquel estupor no fue en ningún lugar más grande que acá. ¿Cómo defender a un gobierno que muy posiblemente habría cometido un fraude? Faltaba la convicción moral de los que aspiran a la victoria, aquella que es el fundamento de los actos heroicos de la historia. El Alto, la ciudad morena y trabajadora, estuvo paralizada por la consternación de tal constatación y vio caer a su gobierno. El líder de la COB no estaba equivocado en pedir que el león despierte. Lo hizo, pero cuando Morales ya estaba de camino a México y cuando los policías sin empacho se quitaban la wiphala de sus uniformes y otra gente quemaba esta bandera en varias partes del país. La furia de El Alto fue como un huracán que arrasó en su paso, no antes de la caída de Morales sino después, el 11 de noviembre, 6 distritos policiales en pocas horas. “¡La wiphala se respeta, carajo!”, gritaba la gente. Muchos policías, en El Alto, y en otras ciudades pidieron perdón, incluso en aimara, al pueblo alteño. “Nos han llamado hordas, nos han humillado, han quemado la wiphala”. El pueblo alteño pide, en lo fundamental, respeto, que se les deje llamar con términos agraviantes como “vándalos” y que se pare la ola racista. En la Tamborada (Cochabamba), la estación policial también sufrió la ira de la gente. La histeria colectiva que hizo presa de las clases medias durante las noches del 10 y 11 de noviembre, en particular en La Paz, fue la excusa perfecta para tratar a gente humilde movilizada de forma organizada, pacífica o furiosamente, contra el racismo, a los militantes masistas con sus grupos de choque y a los vándalos con similar garrote. El país fue militarizado desde el 11 y la represión procedió con un significativo silencio mediático. No tardaron en producirse los primeros heridos. En Santa Cruz, se le dio una fiesta a la gente; en El Alto, en los barrios populares de algunas ciudades y en algunas poblaciones menores (Yapacaní en particular) la gente recibió el terror de la represión. La recuperación de la “democracia” tuvo lugar con el ejército en las calles. Los heridos y muertos fueron reportados primero en las redes sociales y muy lentamente por la gran prensa. Apenas hemos comenzado a contarlos.

Si bien no utilizó a las fuerzas represoras, por las razones que sea, Morales sí convocó a sus bases y a las organizaciones sociales a defender los resultados electores -el fraude. La soberbia entorpece el discernir. Aquel que da un rodillazo a un periodista en frente de muchas cámaras durante un partido de futbol es también el que creyó que podría cometer un fraude electoral sin que nadie se de cuenta. Bebieron demasiado del poder y se embriagaron. Aquellos que no reconocieron sus errores, que desconocieron un referéndum y que reaccionaron tarde al gran incendio de la Chiquitanía; aquellos que trataron con toda dureza a los que se les pusieron en frente, incluso a los dirigentes de organizaciones sociales alguna vez afines; aquellos, en fin, crearon las condiciones de su propia derrota. Y son ellos mismos los que regalaron una bandera política a la derecha y a los sectores verdaderamente conservadores que ahora asoman la cabeza. Tras una década de incrementos en los salarios, de mejora del nivel de vida de las mayorías nacionales, de ganancias extraordinarias para los empresarios, comerciantes y la banca, en fin, como decían ellos mismos, en un tiempo de “crecimiento y estabilidad económicas”, el MAS tenía las mejores perspectivas para seguir gobernando al país por varios años más, si no se obstinaba a forzar la candidatura de los insustituibles. Tras varios años, la oposición política no tenía aún la fuerza necesaria, ni el programa para ser eso, oposición. En su obstinación con creerse irremplazables no les importó poner a trabajadores y campesinos contra clases medias en un cuadrilátero. Son ellos los que apostaron a la confrontación civil para resolver la disputa. Son ellos los que replicaron y ampliaron la champa guerra incitada por los movimientistas durante su decadencia en los años 60. Son ellos los que abrieron las puertas a la reconstitución de las fuerzas conservadores:  tal como en 1964, ellos también tendrán su noviembre. Ellos, Morales y García Linera, son los verdaderos responsables de este gigantesco descalabro social y político. La historia les juzgará.

Se cierra un ciclo político y hay que hacer sonar su réquiem. Los procesos políticos rara vez encajan en los esquemas ideológicos prefabricados y hay que considerarlos en su complejidad. No podemos mirar al futuro sin mirar de frente a los errores del pasado. Cuando finalmente se produzca la crisis económica internacional, que ha estado en fermentación durante estos pasados años y respecto a la cual las políticas económicas del gobierno del MAS han convertido al país en más vulnerable, sonarán otras tonadas. Habrá que recorrer nuevos caminos. Por ahora, es tiempo de reorganización, de limpiar la casa. La resistencia popular ha comenzado.

13 de noviembre de 2019



Medios de prensa.
Todos los elementos mencionados acá pueden ser fácilmente corroborados revisando la prensa nacional, entre otros:
Periódicos: Página 7, El Deber, Cambio, La Razón, El Potosí.
Televisión: ATB, PAT, Red UNO, UNITEL, TVB.
Radio: Erbol, Panamericana, Fides, San Gabriel.
Prensa alternativa en redes sociales: Colectivo Curva, VosTv y varios otros.



[1] Geography and Environmental Studies
Carleton University
vladimirdiazcuellar@cmail.carleton.ca

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