Por Vladimir
Diaz Cuellar[1]
¿Crónica de
una muerte anunciada?
De octubre a octubre y de motín a motín. Esa es tal vez la paradoja,
superficial, del periodo cubierto por el último ciclo político. Un motín
policial abrió el descalabro del Estado neoliberal en febrero de 2003 y un
motín policial, conjuntamente el informe preliminar de la auditoria de la Organización
de Estados Americanos (OEA) sobre las recientes elecciones, le dieron la
estocada final al partido que gobernó el país por casi 14 años. Asimismo, unas
movilizaciones sociales abrieron y cerraron el telón. Las movilizaciones
populares de octubre de 2003, con el sacrificio de casi una centena de vidas,
le habían puesto fin al par de décadas del país que había sido gobernado por la
élite minera (Gonzalo Sánchez de Lozada) y agroindustrial (representada por Hugo
Bánzer) a plan de medidas económicas que enajenaron los bienes públicos y que
hicieron pagar las cuentas a costa del nivel de vida de las mayorías nacionales.
Éstas, al mismo tiempo, le habían abierto las puertas de par en par a la
avalancha electoral con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó el 2005. Y
son otras movilizaciones “por la defensa de la democracia”, entre octubre y
noviembre, las que despiden a ese gobierno.
Nadie, ni siquiera los más recalcitrantes adversarios del MAS, se hubiesen
imaginado el dramático y rápido colapso de este partido y su gobierno. Pese a la
casi década y media transcurrida, todas las encuestas -realizadas durante alrededor
de un año- le daban alrededor del 30% de la intención de voto, aún con muchos
indecisos por decidirse. Sólo pocas semanas antes de la elección, en medio de
los voraces incendios que consumían el bosque chiquitano, se vislumbraba la
posibilidad de que Carlos de Mesa pueda forzar una segunda vuelta. De ahí en
más, los hechos del alud se sucedieron muy rápidamente.
La noche del 20 de octubre, incomprensiblemente, las autoridades del
Tribunal Supremo Electoral paralizan el conteo rápido de votos con un acto que
no tenía precedente, al menos en las últimas elecciones. Los resultados al 83,85%
de los votos escrutados daban a Evo Morales el 44% y 39% a Carlos de Mesa forzando
a una segunda vuelta, lo que fue celebrado como una verdadera victoria por la
oposición. La Constitución de 2009, en efecto, establece que no habrá necesidad
de una segunda vuelta si un candidato ganase con más del 50% de los votos, o
con más del 40% siempre que haya una diferencia de 10 puntos respecto al
segundo (artículo 166). Poco después, y pese a aquello, Morales sale dándose
ganador en primera vuelta “confiado en el voto rural”. La sospecha hace presa
del país. Por todas las ciudades y poblaciones menores, los ciudadanos se
movilizan para resguardar los votos y las actas electorales. La sospecha se
transforma rápidamente en furia cuando 22 horas después de la suspensión, el
TSE restablece el cómputo rápido dando esta vez, al 95,63%, por ganador al MAS
(46,85%) con un margen apenas mayor al 10% de diferencia sobre Comunidad Ciudadana
(CC, 36,74%), lo que hacía innecesaria la segunda vuelta. Para colmo, los
miembros del TSE no atinaban a justificar más que vagamente la suspensión del
sistema (hablan primero de evitar dar dos resultados y luego de un ataque
informático). En Potosí y Sucre, la gente quema las instalaciones de los
Tribunales Electorales Departamentales, mientras que en Oruro queman las
oficinas del MAS. Hay protestas en todo el país y, en algunos casos,
enfrentamientos con la policía.
El 22 de octubre ya se tienen las primeras renuncias en el órgano
electoral. El 23, mientras la misión de observadores de la OEA sugiere ir a una
segunda vuelta, Morales denuncia un intento de golpe de Estado y llama a la
“defensa de la democracia” que son respondidas casi de inmediato con grandes
concentraciones en apoyo al MAS en La Paz y luego en Cochabamba. Poco después, él
llamará además al “cerco a las ciudades”. Los paros cívicos ya son contundentes
en varias ciudades del país. En poco, la movilización cívica se hace literalmente
nacional, como nunca en la historia del país, y lo envuelve de este a oeste y
de norte a sur. Sus epicentros son, a no dudar, las ciudades capitales. En este
momento, las líneas de clase y de color de piel que marcan ambas movilizaciones
son más marcadas: de un lado, las protestas en “defensa de la democracia” son
en lo fundamental de clases medias, en tanto que en “la defensa del voto rural”
son los campesinos y trabajadores los que se despliegan; los más blancos contra
los más morenos. Sin embargo, las protestas cívicas de Santa Cruz y Potosí
tienen un carácter más amplio, más popular, que los equivalentes de La Paz y Cochabamba.
Entre el 23 y 25 se dan los primeros enfrentamientos entre manifestantes y
simpatizantes del MAS, primero en el Plan 3000 en Santa Cruz y luego en Satélite
norte y El Torno (ambos en Santa Cruz), Cochabamba y Yapacaní. El 25, el TSE
concluye el conteo oficial y da por ganador al MAS con el 47.07% (CC, 36,51%), ratificando
que una segunda vuelta no era necesaria. Los vocales no dan mayores
explicaciones y no dan la cara a la prensa por una semana, tras la cual uno de
ellos afirmará que los resultados son “sagrados”. La semana que se inicia el 28
está plagada de enfrentamientos civiles en varias ciudades y poblaciones
menores; los heridos se cuentan ya en decenas. Mientras se inicia el cerco
campesino, la oposición y el oficialismo se miden en sendos cabildos y
concentraciones en las ciudades.
El 30, en Portachuelo y Montero, se registran enfrentamientos con heridos
de bala y dos muertos entre las filas de los opositores. Los autores, según las
investigaciones policiales, podrían estar vinculados a funcionarios de la
alcaldía y a la diputada electa de zona, ambos del MAS. Las denuncias de los
ciudadanos, que habían estallado sin ningún orden, muchas de ellas falsas, cobraron,
entre tanto, cierta sistematicidad. Un ingeniero y su equipo explica los
posibles mecanismos del fraude; la empresa proveedora del software electoral
siembra más dudas. El 31, la OEA comienza finalmente la auditoria solicitada
por el propio gobierno y que al poco es rechazada por la oposición desconfiada
del actuar de su secretario general, Luis Almagro, anteriormente favorable a
Morales. Los dirigentes campesinos deciden suspender el cerco a las ciudades;
Morales ya no tiene la actitud desafiante de los primeros días y pide un “cuarto
intermedio”. En contraposición, grandes cabildos en Santa Cruz, Cochabamba,
Potosí, Sucre y La Paz radicalizan sus posiciones y piden ya la renuncia de
Morales o la anulación de las elecciones. Las protestas contra el gobierno ya
tienen un tinte más popular, en relación a su comienzo, con la participación de
vecinos auto-organizados, más allá de los barrios de las clases medias, y de algunos
sectores, particularmente en Potosí y en menor grado en Santa Cruz. Sin
embargo, continúan los ataques a las oficinas de campesinos en las ciudades,
así como a las oficinas del MAS. El racismo marca gran parte de la movilización.
El 5 de noviembre se realiza la última gran concentración de organizaciones
sociales en apoyo al gobierno en La Paz, con participación de la Central Obrera
Boliviana (COB), mineros de Huanuni y Colquiri, campesinos, el Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y trabajadores petroleros: los ch’ulos y cascos mineros
dominan la escena. Se producen más choques con la clase media. Y el 6, cerca de
Vinto, se producen brutales enfrentamientos entre campesinos y vecinos producto
de los cuales un joven pierde la vida. La gente enfurecida toma y quema el
edificio de la alcaldía para después humillar a la alcaldesa del MAS a quien
apuntan como la provocadora. En La Paz, estudiantes se enfrentan con los
mineros asalariados que utilizan dinamita.
Finalmente, el 7 de noviembre, se produce la última concentración en El
Alto convocada por la junta de vecinos, la COB y gremiales, en apariencia a
favor del gobierno, en la que se pide pacificación, se rechaza los recientes
sucesos de racismo y se pide que se investiguen las causas de las muertes. Morales
no participa en ella y sólo la “saluda” desde Twitter. El líder de la COB, Juan
Carlos Huarachi, resaltando lo que ya se hacía evidente, decía: “queremos ver
la participación masiva de El Alto, ese ‘león que está dormido.’ Que despierte
de una vez, ¡carajo!”. También se realizan concentraciones en apoyo al gobierno
en Cochabamba y San Julián (Santa Cruz). En La Paz, en tanto, los líderes
cívicos de Santa Cruz y Potosí, que pocos días antes habían comenzado a
coordinar acciones, participan en un cabildo organizado por los cocaleros de
los Yungas, misma a la que asisten, además de los usuales estudiantes,
trabajadores mineros y esposas de policías. Por la noche, el gerente de la
empresa panameña Ethical Hacking, que realizó la auditoría informática al
proceso electoral, afirma en una entrevista que éste está “viciado de nulidad”
debido a múltiples irregularidades. A estas alturas, cuando el balance de
fuerzas estaba ya volcado en favor de los diversos sectores sociales comandados
por la alianza cívica, el 8, un motín policial toma forma en Cochabamba y se
expande como dominó a otras ciudades. Por la noche, Morales sólo atina a mandar
más mensajes de Twitter. Al día siguiente y antes de medio día, con el motín
policial en La Paz, éste ya era general y nacional. En varias ciudades, los
policías marchan conjuntamente la gente que ha mantenido el paro y las
manifestaciones por más de dos semanas. El comandante de las Fuerzas Armadas
anuncia que no reprimirá al pueblo. Las cartas estaban echadas. Morales, desde
la base aérea de El Alto, vuelve a pedir la movilización social, pero a este
punto sólo los cocaleros de trópico se encontraban marchando organizadamente,
pero en el Chapare y sin destino conocido. El tiro de gracia lo dio, en la
madrugada del 10 de noviembre, el informe preliminar de la comisión de la OEA
que realizaba la auditoría al proceso electoral y que, aunque debía ser entregado
un par de días después ante el convulsivo ambiente social, concluye que
existieron múltiples irregularidades y sugiere nuevas elecciones.
Esa misma mañana del 10, Morales, en un escueto comunicado y acompañado por
unos pocos dirigentes, anuncia la convocatoria a nuevas elecciones. Por si tal
correlación de fuerzas no era ya decisoria, el día y la noche anteriores, una
caravana de alrededor 150 buses procedentes de Sucre y Potosí, despedida con un
baño de solidaridad popular, ya se dirigía a La Paz transportando probablemente
a 8 mil cívicos, estudiantes, cooperativistas mineros (del Cerro Rico y Porco),
mineros asalariados (de Porco, San Lorenzo, San Cristóbal y otras varias minas)
y otros, como parte de la coordinación del movimiento cívico nacional. El 9, el
primer grupo de ésta es interceptado y atacado por campesinos, aparentemente
instigados por un alcalde del MAS, en Vila Vila, resultando en varios heridos. El
10, un segundo contingente es atacado con armas de fuego cerca a Challapata
resultando en heridos. Entre estos dos días, una gran muchedumbre enfurecida en
Potosí, al conocer las noticias de los ataques a los buses, se moviliza,
presiona a sus autoridades regionales, todos del MAS, para que renuncien, quema
luego las casas de uno de éstos y de un ministro. En Oruro, también queman la
casa del gobernador del MAS, acusándolo de ser responsable del mismo ataque,
así como la casa de la hermana de Morales.
Con todo esto, se vino la ola de renuncias de ministros, gobernadores,
alcaldes y asambleístas, comenzando por las autoridades potosinas. El MAS,
tanto como aparato en el Estado así como partido, colapsó en pocas horas. Las
Fuerzas Armadas y la COB piden, casi simultáneamente, la renuncia de Morales. En
medio de una Plaza Murillo sólo resguardada por los estudiantes movilizados,
sin policías o militares y sin los mineros de las empresas estatales que días
antes se encontraban ahí, los líderes del movimiento cívico entran a Palacio
Quemado, tienden la bandera tricolor en el piso, se arrodillan y junto con una
Biblia dejan la carta de renuncia que habían redactado para que la firme
Morales. Éste, para entonces, se encontraba con rumbo a Chimoré (Chapare) desde
donde, junto con su vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra Gabriela Montaño,
renunciará a la presidencia. Ninguno de ellos reconoce el fraude. Ni una palabra
sobre los muertos y heridos. De hecho, Morales se enfoca compulsivamente en los
ataques a las casas de la gente de su entorno. Según ellos, “el golpe se ha
consumado”. Tras esto, los festejos se desatan en varias ciudades. Pero al poco
cayó la noche y la anomia social prevaleció. Vándalos y grupos de choque del
MAS, por separado y tal vez en algún caso juntos, quemaron los buses del transporte
público de la alcaldía opositora de La Paz, las casas de algunas figuras de la
oposición y saquearon algunos negocios. Al festejo de las clases medias le
siguió su histeria colectiva.
¿Golpe de Estado o fraude?
¿Hubo un golpe de Estado? Eso es al menos lo que el gobierno del MAS
aseguró desde el inicio del conflicto. Sin embargo, en su mayor parte, las
aseveraciones para fundamentar esto fueron genéricas. Incluso en los momentos
más críticos, cuando información detallada podría volcar las simpatías de los
manifestantes de uno u otro lado, Morales nunca se dio a la tarea de explicar
cómo el supuesto golpe estaba funcionando. ¿Por qué no utilizar las
oportunidades que tuvo para convencer a la población del golpe en vez de
utilizarlas para burlarse de los movilizados? El ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, quien participase en la Escuela de las Américas, sólo se dedicó
a hablar del temible plan de convertir a Bolivia en un nuevo Vietnam. Fue el
ministro de Gobierno quien le dedicase algunos minutos al detalle del asunto.
Él afirmó que éste “tiene tres dispositivos fundamentales. El primero es la
conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluida la
libertad de expresión y la libertad de prensa. Segundo, la activación de un
sentimiento racista para generar confrontación a nivel de la población civil de
Bolivia y tercero, la confrontación violenta contra las instituciones del
Estado, particularmente la Policía”, lo que no deja de ser bastante general.
Esto, además, lo dijo, el 4 de noviembre, cuando el “golpe” ya tenía dos
semanas de estar en curso. Cuando entró en detalles mencionó que los opositores
habrían adquirido “armas y municiones en Estados Unidos” para tal efecto. Un
blog, en inglés, parece haber sido la fuente de las aserciones. Aparte de esto,
las diversas aseveraciones del gobierno sobre el mentado golpe sirvieron
solamente para que la gente haga graciosos memes con ellos.
No hubo, además, la más esperada de las campañas de acusación o incluso de difamación
en estas circunstancias, la dirigida contra el líder de los “golpistas”, Luis
Fernando Camacho. Era evidente que Camacho estaba fuera del radar del gobierno.
Al parecer, incluso gente entre los movilizados sabía más sobre aquél que el
ministro de Gobierno.
¿Cómo hubiese sido posible para los golpistas lograr crear el clima
inmediato que generó la ira colectiva entre el 20 y 21 de octubre? ¿Cómo
hubiesen hecho que el TSE suspendiese el cómputo de votos? ¿Cómo hubiesen hecho
para que Morales se declare sospechosamente ganador casi al mismo tiempo? Para
tal efecto, sería necesario al menos que la oposición haya controlado a ambas o
una de las empresas involucradas en el proceso, ya sea la proveedora del
software o la auditora informática, y que ellos, naturalmente, se arriesguen a
esta aventura. Pero aún en ese caso, ¿cómo hacer que el TSE, y el gobierno el
general, no se percaten en los meses de preparación de las elecciones sobre tal
riesgo? Sólo errores y una miopía inconcebibles explicarían tal situación. Aunque
no es posible descartar esto totalmente, parece ser no más que una remota posibilidad.
¿Hubo fraude? Acá los indicios son varios. En julio de 2015, se renueva
completamente la composición del TSE con la designación de 6 nuevos vocales por
la Asamblea controlada por el MAS y uno por el presidente Morales. Tras las
renuncias, debido a presiones, de los llamados vocales “institucionalistas”, el
oficialismo se encargó de reemplazarlos en 2018, según dijo la prensa, con
personas vinculadas en el pasado al MAS (quedando Antonio Costas como el único
vocal “institucionalista”). El vocal que dijera que los resultados son
“sagrados” fue incluso fotografiado pintando paredes a favor de MAS durante las
elecciones previas. A esto siguieron en el último año una serie de despidos y
cambios de funcionarios, mencionada por el entonces vocal Costas. Paralelamente,
la interpretación de la Constitución, el 28 de noviembre de 2017, por el Tribunal
Constitucional dispone, con malabarismos legales propios de rábulas, que Morales
y García Linera tienen el “derecho humano” a la repostulación, desconociendo
así el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que, con
telenovela creada o real, la población decidió no permitir la modificación
constitucional que los habilitaría. La culminación de este proceso fue la final
habilitación de ambos candidatos para las venideras elecciones nacionales, el 4
de diciembre de 2018, por este TSE controlado por el Ejecutivo. Adicionalmente
a esto hay que notar: las observaciones al supuesto incremento inusual del
padrón electoral; los notarios de Pando encontrados flagrantemente inscribiendo
a ciudadanos en Riberalta; la autorización a una sola compañía para transmitir
los resultados en boca de urna; las renuncias de vocales y funcionarios de los tribunales
electorales departamentales los días inmediatamente posteriores a la elección;
y, finalmente, el silencio del TSE durante las pasadas semanas cuando era más
que imperante tener la voz técnica de la institución que despeje cualquier duda
sobre el proceso electoral. Así, si se consideran la serie de encuestas, durante
alrededor de año, que daban una posible victoria al MAS pero sin superar el 50%
de los votos o sin alcanzar la diferencia de 10% sobre el segundo, hicieron
pensar a muchos en el país que el gobierno planificó, de ser necesario, un
fraude. Ambos informes de la OEA han venido a confirmar lo que los ciudadanos
movilizados presumieron desde la noche misma de la elección.
El MAS, en tanto estructura partidaria, fue incapaz de generar dirigentes que
pudiesen tomar la posta al binomio Morales-García Linera, o tal vez no se quiso
hacerlo. Cuando Santos Ramírez fuera condenado a cárcel debido a los escándalos
por corrupción en la empresa petrolera estatal, se cerró la vía del que parecía
es sucesor natural de Morales. De la misma manera, cuando el excanciller David
Choquehuanca fue apartado como delegado ante el ALBA en 2017 parecía que se
creaba una situación para hacer de Morales el único presidenciable. Con ello,
el MAS se puso a sí mismo en un callejón sin salida creado por la propia
Constitución que ellos mismos aprobaron en 2009, que prohibía la reelección del
presidente y vicepresidente por más de una vez continua (artículo 168). Morales
y García Linera se consideraron insustituibles y forzaron la vía para un
posible cuarto mandato consecutivo. De hecho, García Linera lo había
dicho: sin Morales "el sol se esconderá y la luna se escapará".
Llegada la elección, ellos sabían que no podrían ganar en primera vuelta y que
de ir a segunda vuelta perderían con Carlos de Mesa. Esa noche apostaron al
suicidio.
Champa guerra
Las crisis nos muestran, decía René Zavaleta, a la sociedad en su desnudez.
El gobierno del MAS fue siempre el gobierno de los sectores populares del país.
Fue, en verdad, una macro articulación de diversas organizaciones de
campesinos, trabajadores asalariados, trabajadores cooperativistas,
comerciantes, cuentapropistas y transportistas. En un inicio, también de una
parte de la clase media, y de ahí de forma progresivamente decreciente. Esto a contracorriente
de lo que ocurría con el empresariado que, de opositores radicales en los
primeros años, pasaron muchos de ellos, a conversos del gobierno de la “estabilidad
económica” a partir del pacto del 4 de febrero de 2011. Si bien en el inicio de
la crisis desatada el 20 de octubre, la gran mayoría de las organizaciones de
campesinos y trabajadores se alinearon detrás del MAS, los acontecimientos
desatados y la información relacionada al fraude electoral cambiaron la
correlación de fuerzas en su contra. El estupor inicial, que causó a los
sectores populares la posibilidad de un fraude cometido por el partido que los
representa, duró un par de días. A la defensa convocada por Morales, rechazado
la acusación de fraude, en efecto respondieron con su movilización los
campesinos en el eje troncal, incluyendo a los cocaleros del trópico, pero
también de algunos ayllus de norte Potosí, además de los trabajadores
mineros estatales de Huanuni y Colquiri, los cooperativistas auríferos y las
juntas de vecinos. Entremezclado con el sincero apoyo al “proceso de cambio”
estaba también la mediación prebendal, instalada hace varios años. El aparato
quasi-estatal del partido, mediante sus muchos alcaldes y otras autoridades
también funcionó para movilizar a la gente, sin mencionar que los funcionarios
públicos fueron utilizados sistemáticamente para inflar de gente las
concentraciones masistas. Y tal vez todo esto le pasó factura al MAS cuando se
sumó a ello el conocimiento de las revelaciones sobre el fraude. Uno a uno
estos sectores fueron dejando de responder al llamado hasta que prácticamente
nadie lo hizo. Cuando los policías de La Paz se amotinaron, los mineros de
Huanuni y Colquiri, que por días habían hecho vigilia en la Plaza Murillo,
habían desaparecido de vista.
El campesinado fue siempre el sustento fundamental del gobierno del MAS, su
sustrato social más íntimo. La reconducción de la Reforma Agraria fue un masivo
proceso de transferencia de tierras a manos campesinas que no tiene paragón
sino únicamente con el proceso al que el campesinado había forzado al Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1953. Pero la propiedad de la tierra no
garantiza su posesión permanente y, de hecho, en el mercado nada impide que
ésta se concentre, más al contrario. Esto más aún si la gran propiedad no es
afectada. Ya por aquel entonces, el censo agropecuario de 2012 mostraba que las
unidades agropecuarias con una superficie mayor a 500 hectáreas utilizaban el
66% (22.818.064 hectáreas) del total de la superficie empleada para la producción
agrícola, ganadera o forestal; si bajásemos un poco más la marca, digamos a 100
hectáreas, que es aún así una superficie bastante grande para ser trabajada por
una familia campesina, tendríamos que representan el 79% (27.471.259 hectáreas).
Los campesinos, sin duda, se beneficiaron de la distribución de tierras que,
considerando las décadas de minifundio, pobreza extrema y migración, explican
su profunda gratitud para con el gobierno. Pero esta distribución no afectó el
también dilatado proceso de conversión de la agricultura y ganadería del país
en industriales, que producen esencialmente soya, maíz, girasol, sorgo y carne
bovina y avícola.
Los trabajadores manuales, otra de las mayorías nacionales, si bien
apoyaron en su mayor parte al gobierno del MAS durante estos años, tuvieron una
relación más conflictiva y oscilante que los campesinos: alrededor de la ley de
pensiones el 2008 y 2013, del gasolinazo de 2010, o de los
incrementos salariales en un par de años, aparte de varios conflictos
sectoriales. En algún punto (2013), los obreros trataron de formar su propio
partido y conquistar su autonomía política respecto al MAS. Pese a esto, cuando
vino la crisis electoral, los trabajadores mineros de las empresas del Estado
respondieron al llamado de Morales y le defendieron con dinamita en mano hasta
que finalmente lo dejaron de hacer. Los cooperativistas mineros auríferos, que
se habían beneficiado de importantes áreas de trabajo en el norte del
departamento de La Paz y la Amazonía -incluso dentro de áreas protegidas-
durante estos años, también acudieron a la convocatoria y también se retiraron a
sus regiones cuando avanzó el conflicto. Aparte de estos actores plenamente
visibles, la participación de los trabajadores estuvo diluida en tanto estuvo
mediada por otros tipos de organizaciones, sean estas barriales o cívicas. Si
bien el tamaño relativo de los sectores trabajadores, según el Censo de 2012,
ha crecido a expensas del campesinado, esto no ha sido reflejado en formas
políticas.
En la vereda del frente, sin embargo, los sectores populares que se
alinearon con la oposición y el movimiento cívico, a medida que la crisis
avanzaba, lo hicieron en algunos casos directamente, en otros por la
confluencia de las fuerzas en flujo. No es de extrañar que los cocaleros de los
Yungas se hayan puesto en la vereda del frente si se recuerda su confrontación
con el gobierno ante la ampliación de las zonas de cultivo de coca en la zona
no tradicional -el Chapare- por la cual sus dirigentes fueron encarcelados. No
es sorpresa tampoco que los cooperativistas mineros de Potosí lo hayan hecho, ya
que perdieron muchas vidas en diferentes batallas con el gobierno por las
cuales aún no hay responsables en la cárcel, en tanto ahí sí se encuentran encerrados
algunos de sus dirigentes. Los trabajadores mineros de Chojlla pese a vivir a
pocas horas de La Paz no fueron atendidos en sus reclamos sobre violaciones de
derechos humanos en la mina. No es sorpresa que, por tanto, los sectores
azotados por el brazo represivo o la indiferencia del gobierno se hayan
enlistado organizadamente en las corrientes políticas que lo asediaban.
La debacle masista, lastimosamente, no será sin consecuencias para la
capacidad de movilización de las organizaciones populares. No sólo el aparato
estatal y partidario del MAS colapsó en este proceso, es muy posible que la
estructura prebendal sindical también lo haga y muy rápidamente. Como la madera
podrida por dentro, ésta también se desmoronando con el impacto de la crisis. Esto
no sólo ha comenzado a ser visible en El Alto que por ahora tal vez se parece
más a una hidra de muchas cabezas que trata de reorganizarse rápidamente
desconociendo, en algunos casos, a dirigentes masistas y opositores. Lo es también
en el fracaso sistemático de las dirigencias de la COB, la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otras, en
tratar de movilizar a sus bases. El estupor produjo a su vez desorganización. Sólo
una vez que se arranque la maleza podrán crecer los cultivos.
Las clases medias, por su parte, fueron la columna vertebral de la
movilización cívica y opositora durante una buena parte de la crisis -hasta que
barrios y regiones más populares entraron en el ruedo. Los jóvenes universitarios
y los jailones de las ciudades del eje tuvieron su bautismo político en
este tiempo. Muchos los subestimamos, pero nadie más que el gobierno. Morales
se burló de su capacidad de organización diciendo que no aguantarán y que sólo
estaban ahí por “platita y notitas”. Ellos crearon el grito de guerra que marcó
el tono de toda la movilización: “¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Quién se
cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Evo de nuevo? ¡Huevo, carajo!”.
Muchos de ellos son también hijos de trabajadores y campesinos, estudiantes
en las universidades públicas y privadas, que engrosaron las filas de los
protestantes. El MAS agrandó el tamaño absoluto de la clase media en estos
años. La población en ocupaciones de trabajo no manual, según el Censo de 2012,
prácticamente se duplicó desde 2001 (aunque su peso relativo se incrementó muy
ligeramente, a casi el 20% en 2012). Por un lado, si estos nos sirven de
indicadores complementarios, la urbanización del país continuó a pasos
acelerados: casi el 70% de la población vive ahora en centros urbanos (en
comparación con 62% el 2001, de tan sólo 26% en 1950). Junto con ello, el
mejoramiento sustancial de las condiciones de vida (producto combinado de las
políticas de incremento salarial y los bonos junto con el incremento de las
importaciones de bienes manufacturados baratos del Asia), han ensanchado las
clases medias. Según el Ministerio de Economía, el 58% de la población tenía
ingresos medios en 2017 (en comparación con el 35% en 2005). De alguna forma,
no es incorrecto decir, que el MAS incubó la clase social que inició la
movilización que provocó su caída: fue presa de las fuerzas que desató o que
aceleró.
No hubo ninguna crisis económica, ni siquiera una recesión, que haya
incitado la insatisfacción de las clases medias movilizadas. La pérdida del
apoyo de las sectores medios fue lenta pero constante durante todos estos años,
no sólo por el manejo torpe de la burocracia estatal, pero fundamentalmente
debido a la profunda incapacidad del gobierno de reconocer sus errores: de
reprimir con brutalidad a los discapacitados el 2012 y 2016; de reprimir
torpemente a la marcha de las organizaciones indígenas opositoras el 2011; de
desconocer un referéndum y de forzar la habilitación de sus candidatos violando
las normas que ellos mismos aprobaron; de hacer campaña electoral y no
reconocer siquiera la existencia de los grandes incendios forestales de la
Chiquitanía que se venían sucediendo por un tiempo ya. La ira de las clases
medias fue moral. Y en democracias, no hay hegemonía posible sin el consenso de
ellas.
Detrás de ellas, y sus buenas intenciones, sacaron la cabeza los sectores fascistas
que habían estado callados por varios años. En Santa Cruz, durante la primera
semana, salieron con ganas de patear collas -y muchos lo hicieron.
Amalgamando a varios de estos sectores medios vino el resurgimiento del sentimiento
religioso en la política, las oraciones en cabildos, las oraciones de vecinos
movilizados o de policías arrodillados y la Biblia en el palacio presidencial.
Los movimientos cívicos son la expresión multifacética de estas clases y de
otras que se articulan con ellas. En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien
fuera líder de las juventudes cruceñistas, es a la vez el representante de una
fracción del empresariado, comenzando con su propia familia, dueña del Grupo
Nacional Vida. La crisis nunca fue una en la cual los empresarios en bloque se
aliasen con las clases medias contra el gobierno y las clases populares. Es
mucho más certero decir que una fracción de los empresarios estuvo movilizada
mientras que otros estuvieron expectantes, algunos de los cuales cambiaron de
bando cuando las perspectivas de victoria brillaban con más claridad del lado
cívico. El 30 de octubre, el apoyo económico -al menos el que se hizo público-
de las asociaciones empresariales (la Cámara Agropecuaria del Oriente -CAO- y Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz -CAINCO-, además de
la fundación de Percy Fernández) comienzan a financiar las ollas comunes de
los movilizados: 220 mil raciones fueron servidas en Santa Cruz hasta el 10 de
noviembre. Aún cerca del 8 de noviembre, el padre de Camacho recrimina en una
carta a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a la Federación
de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) y a CAINCO expresando su “decepción
porque las instituciones que hoy dirigen ustedes no defienden los intereses
legítimos de las empresas del Grupo Nacional Vida”, que estaría bajo la lupa de
las autoridades. No es posible imaginar que los ganaderos, que proveyeron de
altos dirigentes masistas en particular en el Beni (empezando con el gobernador
Alex Ferrier) y que se acababan de beneficiar de un decreto supremo que
autorizaba el desmonte y las quemas controladas, se hayan congratulado con las
movilizaciones contra el gobierno. El líder de su confederación, Oscar Ciro
Pereyra, festejó junto con Morales el inició de la exportación de carne a la
China, en medio de los voraces incendios en la Chiquitanía. La banca, que se
dio un festín de ganancias durante el proceso de cambio (de $US 44 millones en
2005 a 317 millones el 2017 -antes de impuestos-, según el Ministerio de
Economía), parece haber visto la convulsión desde el palco, así como lo
hicieron otros gremios. ¿Por qué las trasnacionales mineras se aventurarían a
apoyar a una movilización contra el gobierno que les permitió ganar -según mis
propios cálculos- US$ 1.100 millones en los pasados años? Los empresarios, dijo
el ministro Romero, “están respaldando la candidatura del presidente Evo
Morales, que lo digan abiertamente o no es otra cosa, pero lo están haciendo”
ya que “no son miopes, saben a dónde apuntar y saben que Evo les garantiza
seguir creciendo”. Otro gobierno evidentemente generaría un ambiente más
favorable al empresariado en su conjunto, sin embargo, esto no es razón
suficiente para que ellos se embarquen en aventuras políticas cuando los
negocios van muy bien. La CAINCO sólo se sumó a los pedidos de renuncia de
Morales el 10 de noviembre.
Los inesperados aliados de los empresarios liderando la movilización fueron
el joven que fuera “heladero, escamador de pescado, peón de cooperativistas” e
hijo de trabajador minero, Marco Antonio Pumari, y el maestro trotskista, Rodrigo
Echalar, lideres cívicos de Potosí y Chuquisaca. Estos comités cívicos
articularon en las protestas a estudiantes, cooperativistas mineros,
trabajadores asalariados mineros y otros. Potosí, epicentro de sendos y largos paros
contra el gobierno (por autonomía, mayor inversión estatal y la
industrialización de los recursos de la región con beneficios para la misma, en
particular en el caso del litio), es sin dudas la ciudad más ignorada por el
gobierno en estos años. De hecho, la ciudad ya se encontraba movilizada en su
totalidad una semana antes de las elecciones generales. La convergencia es sin
duda circunstancial pero catalizada por su oposición al gobierno.
La policía nunca fue la favorita de Morales. Reemplazada de la guardia
presidencial por las Fuerzas Armadas cuando éste asumió la presidencia, la
policía no goza de los beneficios que fueron concedidos a éstas. No acceden,
por ejemplo, a jubilación con el 100% del salario. Morales trató a los policías
acorde a sus sentimientos generados en su época de dirigente sindical: hizo a
un policía atarle sus zapatos en público hace unos años. Durante la reciente
confrontación social, la policía se encargó de distribuir pollos a los
trabajadores mineros movilizados en La Paz. Sus esposas se habían movilizado
desde temprano en el conflicto y son con seguridad instigadoras del motín de
sus esposos. El gobierno se dio cuenta del riesgo muy tarde. El 1 de noviembre
hizo un pago extraordinario de Bs$ 3.000 a todos los efectivos. Los policías le
llamaron “bono lealtad” pero no hizo el efecto esperado -tal vez incluso el
contrario.
Las comparaciones son siempre odiosas, pero, tal vez porque no pudo o
porque realmente no lo haría, Morales no mandó a las Fuerzas Armadas a reprimir
a la población y de hecho la policía no fue brutal con las clases medias
movilizadas. Los eventos en Chile dan una imagen clara de las diferencias en el
uso de la fuerza ante la protesta.
Sin embargo, aparte de todos estos sectores movilizados hubieron otros muy
importantes espectadores, o que pasaron a ser eso. Si excluimos la movilización
del 28 de octubre, el grueso de la ciudad de El Alto sólo observó los sucesos
de los eventos. Aquel estupor no fue en ningún lugar más grande que acá. ¿Cómo
defender a un gobierno que muy posiblemente habría cometido un fraude? Faltaba
la convicción moral de los que aspiran a la victoria, aquella que es el
fundamento de los actos heroicos de la historia. El Alto, la ciudad morena y trabajadora,
estuvo paralizada por la consternación de tal constatación y vio caer a su
gobierno. El líder de la COB no estaba equivocado en pedir que el león
despierte. Lo hizo, pero cuando Morales ya estaba de camino a México y cuando
los policías sin empacho se quitaban la wiphala de sus uniformes y otra
gente quemaba esta bandera en varias partes del país. La furia de El Alto fue
como un huracán que arrasó en su paso, no antes de la caída de Morales sino
después, el 11 de noviembre, 6 distritos policiales en pocas horas. “¡La wiphala
se respeta, carajo!”, gritaba la gente. Muchos policías, en El Alto, y en otras
ciudades pidieron perdón, incluso en aimara, al pueblo alteño. “Nos han llamado
hordas, nos han humillado, han quemado la wiphala”. El pueblo alteño pide,
en lo fundamental, respeto, que se les deje llamar con términos agraviantes
como “vándalos” y que se pare la ola racista. En la Tamborada (Cochabamba), la
estación policial también sufrió la ira de la gente. La histeria colectiva que
hizo presa de las clases medias durante las noches del 10 y 11 de noviembre, en
particular en La Paz, fue la excusa perfecta para tratar a gente humilde
movilizada de forma organizada, pacífica o furiosamente, contra el racismo, a
los militantes masistas con sus grupos de choque y a los vándalos con similar
garrote. El país fue militarizado desde el 11 y la represión procedió con un significativo
silencio mediático. No tardaron en producirse los primeros heridos. En Santa
Cruz, se le dio una fiesta a la gente; en El Alto, en los barrios populares de
algunas ciudades y en algunas poblaciones menores (Yapacaní en particular) la
gente recibió el terror de la represión. La recuperación de la “democracia” tuvo
lugar con el ejército en las calles. Los heridos y muertos fueron reportados primero
en las redes sociales y muy lentamente por la gran prensa. Apenas hemos
comenzado a contarlos.
Si bien no utilizó a las fuerzas represoras, por las razones que sea, Morales
sí convocó a sus bases y a las organizaciones sociales a defender los resultados
electores -el fraude. La soberbia entorpece el discernir. Aquel que da un
rodillazo a un periodista en frente de muchas cámaras durante un partido de
futbol es también el que creyó que podría cometer un fraude electoral sin que
nadie se de cuenta. Bebieron demasiado del poder y se embriagaron. Aquellos que
no reconocieron sus errores, que desconocieron un referéndum y que reaccionaron
tarde al gran incendio de la Chiquitanía; aquellos que trataron con toda dureza
a los que se les pusieron en frente, incluso a los dirigentes de organizaciones
sociales alguna vez afines; aquellos, en fin, crearon las condiciones de su
propia derrota. Y son ellos mismos los que regalaron una bandera política a la
derecha y a los sectores verdaderamente conservadores que ahora asoman la cabeza.
Tras una década de incrementos en los salarios, de mejora del nivel de vida de
las mayorías nacionales, de ganancias extraordinarias para los empresarios,
comerciantes y la banca, en fin, como decían ellos mismos, en un tiempo de
“crecimiento y estabilidad económicas”, el MAS tenía las mejores perspectivas
para seguir gobernando al país por varios años más, si no se obstinaba a forzar
la candidatura de los insustituibles. Tras varios años, la oposición política
no tenía aún la fuerza necesaria, ni el programa para ser eso, oposición. En su
obstinación con creerse irremplazables no les importó poner a trabajadores y
campesinos contra clases medias en un cuadrilátero. Son ellos los que apostaron
a la confrontación civil para resolver la disputa. Son ellos los que replicaron
y ampliaron la champa guerra incitada por los movimientistas
durante su decadencia en los años 60. Son ellos los que abrieron las puertas a
la reconstitución de las fuerzas conservadores:
tal como en 1964, ellos también tendrán su noviembre. Ellos,
Morales y García Linera, son los verdaderos responsables de este gigantesco
descalabro social y político. La historia les juzgará.
Se cierra un ciclo político y hay que hacer sonar su réquiem. Los procesos
políticos rara vez encajan en los esquemas ideológicos prefabricados y hay que considerarlos
en su complejidad. No podemos mirar al futuro sin mirar de frente a los errores
del pasado. Cuando finalmente se produzca la crisis económica internacional,
que ha estado en fermentación durante estos pasados años y respecto a la cual
las políticas económicas del gobierno del MAS han convertido al país en más
vulnerable, sonarán otras tonadas. Habrá que recorrer nuevos caminos. Por
ahora, es tiempo de reorganización, de limpiar la casa. La resistencia popular
ha comenzado.
13 de noviembre de 2019
Medios de prensa.
Todos los elementos mencionados acá pueden ser fácilmente corroborados revisando
la prensa nacional, entre otros:
Periódicos: Página 7, El Deber, Cambio, La Razón, El Potosí.
Televisión: ATB, PAT, Red UNO, UNITEL, TVB.
Radio: Erbol, Panamericana, Fides, San Gabriel.
Prensa alternativa en redes sociales: Colectivo Curva, VosTv y varios otros.
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